Denunciar a una empresa con una demanda laboral es un proceso que no resulta caro. En muchas ocasiones es el desconocimiento de los costes y de los pasos a seguir lo que hace que muchos trabajadores no emprendan este procedimiento. El coste del abogado suele ser una de las causas para que muchos trabajadores no sigan adelante, sin embargo, este asesoramiento profesional es fundamental para conseguir nuestros objetivos.
La demanda laboral se puede interponerse por diversas razones (por un accidente laboral, por despido, reclamación de cantidades, incumplimiento de contrato, situaciones abusivas en la empresa…). Una de las más habituales es tras un despido, bien porque consideremos que es improcedente o porque no hemos recibido las cantidades que nos correspondan en cuanto a finiquito o indemnización.
En el caso de una reclamación por despido puede ser el propio trabajador el que se representa a sí mismo en el acto de conciliación sin necesidad de acudir con su abogado. Presentar la papeleta de conciliación no lleva aparejado ningún coste, al igual que el propio acto de conciliación, que se lleva a cabo en los Centros de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Junta de Andalucía. En caso de no llegar a acuerdo y se iniciara la vía judicial el trabajador también podría representarse a si mismo en el juicio. Sin embargo, nuestro consejo es que antes de iniciar cualquier trámite o proceso relacionado con una demanda laboral, es fundamental recibir un asesoramiento especializado previo por parte de un graduado social o un abogado especializado en derecho laboral. Y, por supuesto, nunca iniciar un trámite judicial sin abogado.
Por otro lado, presentar una denuncia ante la inspección de trabajo no lleva coste alguno.
En general el coste de un abogado laboralista que nos asesore y represente en una demanda laboral suele tener un coste fijo y otros costes variables. El fijo oscila, de media, entre los 500 € y los 800 €, aunque si solo llegamos al acto de conciliación este coste se puede reducir. Los variables dependen de cada caso particular y de la cantidad que finalmente perciba el interesado, oscilando entre un 10% y un 20%. No podemos olvidar que las tarifas de un abogado privado no están establecidas y se pactan entre este y su cliente. Por tanto, no debemos dejar de iniciar un proceso sin tener toda la información de los costes y sin recibir asesoramiento jurídico.
Debemos tener en cuenta que iniciar un proceso judicial puede ser largo y complicado, por ello, antes de iniciarlo debemos asesorarnos adecuadamente por un profesional del derecho laboral. Son muchas las casuísticas y las situaciones que se pueden dar y solo mediante un asesoramiento personalizado y experto, en el que también se valoren los costes económicos y personales, tomemos la decisión de iniciarlo o no.
